Compliance penal y responsabilidad penal de las personas jurídicas

Sinopsis
Aborda varios conceptos fundamentales sobre la el Compliance penal y la responsabilidad penal de las personas jurídicas, sobre la base del estándar español de Compliance penal y recientes decisiones judiciales.

Se explican claramente los elementos fundamentales del compliance penal y su reflejo en el Código penal español
Se abordan los derechos de rehabilitación empresarial conforme a la Directiva Europea de contratación pública
Se ilustran con ejemplos de las Sentencias de la Audiencia Nacional

Carlos Gómez-Jara Díez es Socio fundador de Corporate Defense y abogado y Profesor de Derecho penal.

Destinado Abogados litigantes, abogados de empresa, expertos en Compliance, jueces y fiscales

Extracto:

La presente monografía examinar qué indica la norma UNE 19.601 - sistemas de gestión de Compliance penal - sobre los requisitos que el Código penal establece para los modelos de organización y gestión de delitos, puesto que ello permitirá valorar a dichos operadores - con las consecuencias que en su caso pueda tener - si la entidad cumple con un estándar en relación con dichos requisitos. Por lo tanto, se realiza una exposición de esos elementos mínimos del Código penal y abordaremos su desarrollo en la UNE 19.601 para así facilitar una comprensión más detallada del significado de cada uno de ellos en el ámbito del Compliance penal. Se trata de proporcionar una guía a los operadores jurídicos de cuál es el contenido que otorga dicho estándar nacional a dichos elementos mínimos para coadyuvar a una interpretación judicial coherente con el estado de evolución, en un momento determinado, de la disciplina de Compliance
De igual manera, de la mano de una reciente sentencia de la Audiencia Nacional (2020) se explican las consecuencias para organizaciones empresariales carentes de personalidad jurídica pero aún así sometidas al Código penal español.
Finalmente, se abordan los beneficios de estándar español para poder gozar de los derechos reconocidos en la Directiva europea de contratación pública cuando una empresa española pretenda rehabilitarse a efectos de contratación pese a haber sido condenada penalmente.