El régimen de contratación de los poderes adjudicadores que no son Administración pública

Sinopsis
Entre las finalidades de la acción administrativa, bajo los nuevos axiomas de reforma del Derecho Administrativo, se cita la transparencia. Un elemento clave de la actuación pública que se ancla en el principio democrático y que requiere de una publicidad en sentido amplio. En este panorama, y vinculado con la idea de los ámbitos de referencia, el Derecho de contratos manifiesta la situación actual del Derecho Administrativo, donde se ha reflejado la influencia del Derecho europeo. Así pues el Derecho de contratos ha sufrido cambios importantes en los últimos años, entre ellos la necesaria acomodación del derecho nacional a las exigencias europeas. Con esa finalidad, pretendemos ofrecer un estudio sobre un ámbito en el que se proyectan más sombras que luces, los denominados por la Ley "poderes adjudicadores que no son Administraciones públicas", una categoría heterogénea de sujetos sobre los que es necesario reflexionar en relación con su régimen jurídico y las normas que deben seguir cuando contratan, pues hasta ahora aquellos han sido más bien una vía de escape a las normas de contratación, que le ha valido al Reino de España contundentes condenas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Marta Oller Rubert es profesora contratada doctora en Derecho Administrativo en la Universitat Jaume I (Castellón). Su tarea investigadora se encuadra dentro del ámbito de la reforma del Derecho Administrativo, centrándose sus trabajos en el análisis sobre nuevas experiencias de gestión pública, tema central de su tesis doctoral publicada bajo el título Saneamiento de aguas residuales y reforma del Derecho Administrativo, Atelier (2008); en esa línea tam-bién se ha ocupado del estudio de la actuación de la Administración bajo los principios de publicidad y transparencia, destacando más recientemente las siguientes publicaciones: Reflexiones sobre el diálogo competitivo, en REDA (2013); Comentario a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 de febrero