Reponsabilidad patrimonial por el funcionamiento de la Administración de Justicia, La

Sinopsis
La responsabilidad patrimonial por el funcionamiento de la Administración de Justicia es un libro en el que su autor, José Luis Manzanares Samaniego, Consejero Permanente de Estado en la actualidad, aborda con criterios teóricos y prácticos los numerosos problemas que presenta esa específica parcela de la responsabilidad objetiva de las Administraciones Públicas en relación con sus servicios. La Ley Orgánica del Poder Judicial contiene una regulación particular que se completa con la remisión a la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y, en su caso, al Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de Responsabilidad Patrimonial, aprobado por el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo.

El Consejo de Estado informa preceptivamente todas las reclamaciones patrimoniales a la Administración Central cuando superan los 6.000 euros, incluidas las provenientes del funcionamiento de la Administración de Justicia. La Comisión Permanente del Consejo de Estado se configura así como la mejor atalaya para conocer las dificultades interpretativas con que tropiezan las disposiciones legales y reglamentarias sobre la materia. Y el interés de sus dictámenes aumenta por cuanto la resolución del Ministerio correspondiente suele hacer suyo el parecer del máximo órgano consultivo de la Administración del Estado. Véase el artículo 107 de la Constitución.

El libro estudia con detalle la responsabilidad patrimonial por el error judicial declarado previamente, por la prisión provisional sufrida en determinados casos con posterior absolución o sobreseimiento libre, y por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia fuera ya de su núcleo jurisdiccional (retrasos y pérdida de objetos intervenidos, por ejemplo). El lector no encontrará siempre una respuesta definitiva a sus preguntas, pero sí, al menos, una valiosa exposición de los criterios defendidos por el Tribunal Supremo y el propio Consejo de Estado. Y también, lo que es más importante, cuáles son sus actuales posiciones respecto a muchos de los problemas cuya resolución ha variado a lo largo de los años.